DEL DICHO AL HECHO HAY UN GRAN TRECHO

Una serie de decisiones del gobierno para la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica revelaron una fuerte intencionalidad política y, al mismo tiempo, una gran improvisación en la gestión, si se comparan los anuncios con los requisitos legales y los tiempos necesarios y previsibles para definir proyectos de tales características.

por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (12/7/12)

     Presidente José Mujica.

Por decreto del 14 de junio último, el Presidente de la República aprobó la propuesta del informe final de la Comisión Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa este del país. El mismo decreto encomendó al Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) dictar los actos necesarios para el desarrollo del puerto a través de un contrato de participación público-privada (PPP) de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 18.786 del 19 de julio de 2011.

Según el referido decreto, el informe de la comisión incluye estudios técnicos, económicos, ambientales y legales que justifican la propuesta. Este informe solo puede tener un carácter general pues esa zona costera carece de estudios científicos apropiados para ese propósito. Además, no son suficientes para la aprobación del puerto de aguas profundas, ya que este proyecto no existe aún y para confirmar su viabilidad es necesario realizar los estudios del impacto socio ambiental y económico de una obra de esa envergadura.

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