El megaproyecto de la minera Aratirí comienza a enfrentar oposición política.
Al principio todo fueron flores. La propuesta de la empresa Aratirí para extraer hierro en Uruguay incluía una inversión de dos mil millones de dólares con puerto exclusivo en Rocha, un enorme “mineroducto” y cientos de puestos de trabajo. Al ritmo de estas promesas, los distintos sectores políticos abrazaron el proyecto con fervor. Sin embargo, en estos últimos meses y a medida que ha crecido un movimiento social contrario al mismo, varios dirigentes de la oposición han salido a manifestar su contrariedad. Y el gobierno duda sobre si jugarse a fondo por una propuesta que puede cambiar radicalmente el mapa económico (y físico) del país, pero que puede generarle una ola de críticas de imprevisibles costos a futuro.
“Estoy en contra de Aratirí”, dijo el senador Larrañaga. “Uruguay no necesita este tipo de inversiones”, dijo el diputado Lacalle Pou. “Esto es muy grande, hay que ver si convive con la actividad agropecuaria y turística”, dijo Pedro Bordaberry. Así, de a poco, dirigentes de la oposición comienzan a deslindarse del megaproyecto minero. Y también algunos oficialistas. Hasta el punto que el propio presidente Mujica, que había sido gran defensor de la inversión, ha comenzado a cambiar la cara y ha dicho que concretarla “está difícil”. ¿Que pasó para que el viento cambie tanto en tan poco tiempo?
Probablemente el primer aspecto que ha generado este viraje ha sido el propio avance del proyecto. A medida que la empresa ha ido presentando los primeros estudios de impacto ambiental, y datos concretos sobre la magnitud del mismo, muchos dirigentes han quedado shockeados por su envergadura. La empresa piensa afectar unas 120 mil hectáreas, en las que se realizarían enormes pozos de 100 hectáreas y hasta 400 metros de profundidad, con efectos sobre la topografía y las corrientes de agua que la propia Aratirí en su informe califica en muchos casos como “irreversibles”.
Pero lo que ha generado más revuelo estos días es el creciente movimiento de descontento popular en la zona. Lo que comenzó con algunos gritos aislados ha terminado por organizarse de manera sostenida, sumando a sectores muy diferentes que van desde pequeños productores rurales, activistas urbanos, grupos con intereses turísticos, y hasta algunos académicos. Con el recuerdo fresco de lo sucedido con Botnia, los dirigentes políticos saben que no se trata de algo a subestimar.
Uno de los aspectos más llamativos de estos movimientos es que han crecido a través de Internet, lo cual ha potenciado su capacidad de presión. Como ejemplo, días atrás se llevó adelante una instancia judicial en un campo cuya propietaria demandó a la empresa por daños causados en su predio en tareas prospectivas. Y lo que normalmente sería un trámite judicial sin mayores repercusiones, aglomeró a un centenar de personas.
El gran tema al analizar estos movimientos sociales contrarios es si se trata de una preocupación genuina de gente que ve amenazada su forma de vida o que tiene legítima preocupación por el medioambiente. Sobre todo porque también hay gente involucrada que hoy critica la minería, ayer la forestación, mañana la soja, y todo aquello que implique un avance económico para el país. Es más, días atrás en Cerro Chato un grupo de vecinos se manifestó para apoyar el proyecto de Aratirí, resaltando el empuje comercial que ha dado a la zona.
Pero la heterogeneidad del movimiento contrario a Aratirí, y la falta de un trasfondo político como en el caso Botnia, habilitan a darle una cuota de credibilidad al mismo. Otros aspectos también generan inquietud.
El primero es el de los cambios que a las apuradas viene forzando el gobierno en el Parlamento al Código de Minería, para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Hay estudios legales, algunos como el del Dr. Juan Andrés Ramírez que fuera publicado en este mismo diario, que alertan que muchos de esos cambios son negativos para los intereses nacionales y que generarán complejos conflictos legales a futuro.
Otra cuestión polémica es que el principal portavoz de la empresa en Uruguay, el ingeniero Puntigliano, se desempeñó como presidente de la Administración Nacional de Puertos en el gobierno anterior, y pasó de ocupar ese cargo a trabajar para una empresa privada que negocia un contrato multimillonario con el Estado. Algo que en Uruguay no tiene reparos legales, pero que en otros países está muy regulado.
Por encima de estos aspectos, la problemática desatada por Aratirí deja en evidencia algunas carencias importantes del Estado uruguayo. Por ejemplo, no parece razonable que la Dirección Nacional de Minería tenga un solo inspector en todo el país. Que la Universidad no tenga carreras especializadas en el área, ni en Derecho, ni en Ingeniería. Y que se vaya a modificar algo tan importante como el Código de Minería sobre la hora y ante los requerimientos de una empresa concreta.
Con estas condiciones no parece que los dirigentes políticos puedan contar con la información precisa, libre de preconceptos, miedos, pero también de “globos” especulativos, que les permita tomar las decisiones correctas para el futuro del país.
La frase.
“Hay futuro en la minería, pero los proyectos deben ser sustentables y no aventuras, para que el país no quede como un queso”. (Ex director de Minería, Carlos Soares de Lima)
El dato.
La minería es una actividad tradicional en muchos países de América Latina. Se estima que en los próximos 5 años la región recibirá inversiones por US$ 150 mil millones.
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